Cerca de 800.000 ciudadanos en Argentina respaldan una demanda colectiva contra la reciente reforma de la Ley de Glaciares, en lo que podría convertirse en una de las acciones judiciales ambientales más grandes de la historia del país.

La iniciativa es promovida por organizaciones ambientalistas y abogados especializados, que buscan frenar los cambios aprobados por el Congreso y declarar su inconstitucionalidad. La reforma permite a las provincias decidir en qué zonas cercanas a glaciares se pueden desarrollar actividades como la minería, lo que genera preocupación por el impacto en las reservas de agua.

En paralelo, la provincia de La Pampa ya presentó un amparo judicial, argumentando que la medida pone en riesgo el acceso al agua de su población. Además, los impulsores de la demanda advierten que el proceso podría extenderse durante años e incluso escalar a tribunales internacionales.

La ley original, sancionada en 2010, protegía a los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce, prohibiendo actividades industriales en esas áreas. La modificación, sin embargo, abre la puerta a inversiones millonarias en minería, lo que intensifica el conflicto entre desarrollo económico y preservación ambiental.

Este escenario marca el inicio de una fuerte disputa legal y social en Argentina, donde el acceso al agua y la protección del ambiente se posicionan en el centro del debate público.